El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) alertó este lunes sobre el retraso en el sorteo y la resolución de las causas debido a que el proyecto de Ley 022 de Régimen Transitorio de Funcionamiento continúa estancada en la Asamblea Legislativa, lo que impide avanzar en las designaciones de los magistrados que faltan en esa institución.

“Con los magistrados electos ya tenemos más de 2.000 causas sorteadas, pero podrían haber sido 2.700 si la ley hubiera sido tratada de manera oportuna por la Asamblea Legislativa, si hubiera sido sancionada y hubiera sido promulgada”, afirmó la presidenta del TCP, Paola Prudencio.

En enero, la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley 022 de Régimen Transitorio para el Funcionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Tribunal Supremo de Justicia con modificaciones y fue remitida al pleno de esa instancia legislativa.

A dos meses de ese hecho, hasta el momento no fue agendada en las sesiones plenarias de la Cámara Baja.

Al respecto, el magistrado del TCP Edson Dávalos, en declaraciones a la ANF, dijo que la comisión de admisión está trabajando de manera normal, pero el conflicto es al momento de emitir una sentencia ya que no cuentan con el quorum requerido.

“Se ha estancado la posibilidad que podamos emitir sentencias que tenemos a las puertas y que beneficiarán a la población”, añadió.

En ese sentido, Prudencio expresó su preocupación y exhortó a los legisladores agilizar el tratamiento y posterior sanción del proyecto normativo que no beneficiará a los magistrados electos, sino a la población litigante que espera la resolución de sus acciones legales.

“Entiendo que la Asamblea Legislativa tiene una agenda seguramente muy comprometida en sus labores, pero es importante que atiendan al Tribunal Constitucional Plurinacional”, manifestó.

Entre los elementos que contiene el proyecto normativo está la elección de los magistrados faltantes, y establece como fecha límite el 30 de junio de este año para que se cumpla con esa tarea.

Asimismo, prohíbe expresamente cualquier forma de autoprórroga en el TCP, el TSJ, Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. Las autoridades judiciales deberán cesar automáticamente al vencimiento de su mandato constitucional, caso contrario, serán procesados.

El proyecto consta de cinco artículos, dos disposiciones transitorias y dos finales, e incluye previsiones para garantizar el funcionamiento de la sala plena y la comisión de admisión del TCP durante el periodo excepcional.