El Gobierno levantó la histórica subvención, fijó nuevos precios para gasolina y diésel y declaró la emergencia económica. La medida busca estabilizar las finanzas y garantizar abastecimiento, a la par se activó un paquete de protección para frenar el impacto social.

Bolivia sincera su economía; anoche el Gobierno decidió levantar el subsidio a los carburantes y fijar nuevos precios para los hidrocarburos. La medida fue anunciada por el presidente Rodrigo Paz, quien describió el momento como “uno de los más difíciles desde el retorno a la democracia” y aseguró que el país heredó “la peor crisis económica, financiera, social y ambiental de nuestra historia”.

“Si les digo que todo está bien, todos los bolivianos saben que es una mentira”, afirmó el mandatario al inicio de su discurso.

Sin rodeos, sostuvo que el nuevo Gobierno asumió un país “herido en su economía, herido en sus reservas, sin dólares, con inflación creciente, sin combustibles y con un Estado que fue vaciado desde adentro”.

En ese contexto, justificó el levantamiento del subsidio como una decisión inevitable para frenar el deterioro fiscal y garantizar el abastecimiento.

El presidente apeló a una narrativa de quiebre con el pasado. “Bolivia está enferma. La arrasaron como en la guerra. Nos dejaron solos, nos saquearon como país”, dijo, antes de señalar que no se trataba de “administrar la decadencia”, sino de actuar con “responsabilidad histórica”. Según explicó, mantener el esquema de subsidios vigente durante más de 20 años se volvió “absolutamente irracional” en un escenario energético de reservas de gas agotadas y déficit creciente.

El decreto declara la Emergencia Económica, Financiera, Energética y Social, lo que habilita al Ejecutivo a actuar con mayor rapidez y coordinación. “Tengo el deber ante la patria de decir la verdad y de actuar con firmeza. Bolivia votó por un gobierno que no les mienta”, remarcó Paz, al presentar la norma como “una decisión histórica de salvataje de la patria”.

Nuevos precios

El eje central del decreto es el levantamiento del subsidio a los carburantes y la fijación de precios “claros y públicos”. Desde la entrada en vigencia de la norma, los valores quedan establecidos de la siguiente manera: Gasolina Especial, Bs 6,96 por litro; Diésel Oíl, Bs 9,80; Gasolina Premium, Bs 11,00; Gasolina de Aviación, Bs 10,57; Kerosén, Bs 5,64; Jet Fuel, Bs 10,74; Gas Oíl, Bs 5,69; y GLP, Bs 22,50 la garrafa.

Además, este esquema de precios se mantendrá fijo por seis meses. Luego fluctuarán.

“Como dicen en la calle, nos tenemos que sincerar”, sostuvo el mandatario. Aclaró que la quita del subsidio “no significa abandono”, sino “orden, justicia y redistribución real, clara y transparente”. En su criterio, los subsidios del pasado “se usaron para esconder el saqueo” y terminaron condenando al país a la escasez y al descontrol fiscal.

Para asegurar el suministro, el Gobierno anunció además que el diésel será retirado de la lista de sustancias controladas, facilitando su importación para el transporte, la producción, la industria y los sectores estratégicos. “Queremos precios claros y abastecimiento garantizado”, insistió Paz, al subrayar que el desabastecimiento fue una de las expresiones más visibles de la crisis heredada del MAS.

Según el Ejecutivo, la estabilización de los precios permitirá generar recursos fiscales adicionales que, a diferencia de experiencias pasadas, tendrán un destino predefinido. “Estos recursos se van a distribuir 50-50 tanto con el Gobierno central como con los gobiernos subnacionales”, explicó el Presidente. La medida busca fortalecer el desarrollo regional y asegurar que el esfuerzo de los consumidores se traduzca en mayor presupuesto para salud, educación y otros servicios básicos.

Medidas sociales

Consciente del impacto social del levantamiento del subsidio, el Gobierno incluyó un paquete de medidas de protección. “Este decreto tiene un corazón social firme”, aseguró el presidente.

Entre las decisiones anunciadas figura el incremento del salario mínimo nacional a Bs 3.300, un aumento del 20% que regirá desde enero de 2026. Paz precisó que a finales de ese año se volverá a negociar con trabajadores y empresarios “con los datos reales de la inflación anualizada, con equilibrio y con la verdad”.

El Gobierno dispuso también el aumento de la Renta Dignidad a Bs 500, la creación de un Programa Extraordinario de Protección y Equidad que entregará Bs 200 cada cuatro meses a padres, madres y tutores sin aportes contributivos, y la garantía del Bono Juancito Pinto 2026 de Bs 300 por estudiante. “Un país que abandona a sus mayores pierde su alma y Bolivia va a recuperar su alma y su dignidad”, afirmó.

Paz anticipó críticas y resistencias, pero sostuvo que “Bolivia no será el negocio de nadie”. “No prometemos milagros, prometemos la verdad, coraje y trabajo”, dijo, al definir el decreto como “el punto final a un modelo de mentira, despilfarro y corrupción”.

“Bolivia tocó fondo, pero cuando un país toca fondo, solo le queda subir”, afirmó el mandatario.

Reacciones

El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, respaldó el ajuste en los precios de la gasolina y el diésel anunciado por el Gobierno como parte del proceso de estabilización económica, aunque advirtió que algunas medidas, en particular el incremento del salario mínimo, repiten esquemas que ya demostraron límites en el pasado.

En un pronunciamiento difundido en redes sociales, Antelo sostuvo que “enfrentar el gasto público exige decisiones complejas” y que la corrección en los precios de los carburantes “apunta a ordenar una realidad fiscal desafiante”. En esa línea, consideró que las medidas de protección social anunciadas por el Ejecutivo buscan “equilibrar su impacto”, en referencia a bonos y transferencias dirigidas a los sectores más vulnerables.

Sin embargo, el líder empresarial puso el foco en el aumento del salario mínimo definido de manera unilateral. “El salario mínimo anunciado, sin embargo, repite esquemas que ya mostraron límites”, señaló, al cuestionar que la decisión no haya surgido de un diálogo tripartito.

Para el empresario, la ausencia de concertación vuelve a tensionar la sostenibilidad del empleo formal, en un contexto de desaceleración y estrechez financiera para las empresas.

“Bolivia necesita con la misma urgencia políticas que atraigan divisas, impulsen la producción, fortalezcan la inversión y sostengan el empleo”, afirmó Antelo.

El economista Fernando Romero considera que las medidas económicas adoptadas por el Gobierno eran inevitables, pero cuestiona con dureza la forma y el momento en que fueron aplicadas. A su juicio, el levantamiento de la subvención a los carburantes y el ajuste del gasto público responden a una realidad fiscal que ya no daba para más, aunque su ejecución en plena época navideña terminó por volverlas impopulares y socialmente sensibles.

Romero señala que durante semanas se había criticado al presidente Rodrigo Paz por un manejo gradualista de la economía, pero que, de pronto, en las últimas dos semanas, ese enfoque cambió de manera abrupta.

Según su análisis, este viraje podría estar vinculado a una revisión más profunda de las finanzas públicas, que habría revelado un escenario crítico y desordenado, obligando al Ejecutivo a acelerar decisiones que, en teoría, se esperaban para después de las elecciones o, al menos, para el primer trimestre del próximo año.

Advirtió que la principal debilidad del ajuste es la ausencia de un “colchón financiero” en divisas. Aunque el Estado deje de cubrir la diferencia de precios, persiste la pregunta central: con qué dólares se importarán los combustibles y con qué dólares accederán a ellos los privados.

COB rechaza medida

La Central Obrera Boliviana (COB) expresó su rechazo a la medida y consideran que la decisión es un golpe directo al pueblo boliviano en época navideña. “Hemos convocado ya a los sindicatos, federaciones y confederaciones a partir del día de mañana hacer las respectivas asambleas generales, ampliados, en los diferentes departamentos y vamos a convocar de manera inmediata a un ampliado nacional de emergencia” anunció el secretario ejecutivo del ente matriz de los trabajadores, Mario Argollo.

El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb), Andrés Payé, calificó la medida del Gobierno como un ajuste que ignora el impacto que tendrá en el costo de vida y la canasta familiar del pueblo boliviano.

“Es una medida contra lo que esperaban los trabajadores y el pueblo boliviano. El Gobierno estaba haciendo un ajuste gradual, pero por presión de algunos sectores de poder está tomando la decisión vertical”, sostuvo.