El juez Elmer Laura ordenó la detención preventiva del exmandatario en la cárcel de San Pedro por el caso Fondo Indígena. Fundamentó riesgo de obstaculización en el proceso

Tras más de seis horas de audiencia virtual, el juez 12º de Instrucción Penal Anticorrupción y Violencia hacia las Mujeres de La Paz, Elmer Laura, ordenó la detención preventiva por cinco meses del expresidente Luis Arce Catacora en el penal de San Pedro, al considerar que existen indicios suficientes de autoría de los delitos imputados, así como riesgo de obstaculización de la investigación en el caso del Fondo Indígena, uno de los mayores escándalos de corrupción del anterior gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS).

El exmandatario es investigado por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, vinculados al presunto desvío irregular de recursos públicos cuando ejercía como ministro de Economía y formaba parte del Directorio del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc).

En su resolución, el juez Laura sostuvo que, si bien Arce acreditó arraigo familiar y laboral —al demostrar que es docente titular de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA)—, estos elementos no neutralizan los riesgos procesales, particularmente el de obstaculización, previsto en el Código de Procedimiento Penal.

“El ahora imputado, por su condición de exministro y expresidente, mantiene una capacidad real de influencia sobre exfuncionarios, testigos y coimputados, muchos de los cuales dependieron jerárquicamente de él o integraron directorios bajo su gestión”, fundamentó la autoridad judicial.

El juez detalló que el Ministerio Público identificó decenas de personas —entre exministros, exautoridades, dirigentes y funcionarios— que aún deben prestar declaración como testigos o sindicados, y sobre quienes Arce podría ejercer presión directa o indirecta, afectando la búsqueda de la verdad histórica de los hechos. Entre ellos se mencionó a exministros, exdirectores y exdirigentes que formaron parte del entorno institucional del Fondioc.

Asimismo, Laura señaló que el caso reviste alta complejidad, debido a la pluralidad de imputados y a la cantidad de actos investigativos pendientes, como inspecciones técnicas, registros del lugar de los hechos, pericias especializadas y declaraciones informativas. “No se trata de una investigación unipersonal, sino de una estructura con múltiples actores y responsabilidades compartidas”, explicó.

Respecto al riesgo de fuga, el juez consideró que Arce tiene facilidad de abandonar el país, tomando en cuenta su historial de viajes y la posibilidad de salir del territorio nacional incluso con su sola cédula de identidad. No obstante, aclaró que la negativa del imputado a firmar el acta de aprehensión no constituye por sí misma un riesgo procesal, al tratarse de una situación subsanable conforme a la norma.

En relación con el estado de salud, la autoridad judicial indicó que la defensa no presentó certificados médicos actualizados que acrediten de manera fehaciente la enfermedad oncológica alegada. Los documentos exhibidos corresponden a estudios realizados en 2017, por lo que no permiten establecer el estado actual del imputado. El juez aclaró que, de requerirse atención médica especializada, esta puede ser garantizada dentro del sistema penitenciario.

Laura también rechazó el argumento de la defensa sobre la improcedencia de la detención preventiva por edad, al señalar que Arce tiene 63 años y no 65, como exige la norma para activar esa excepción. Además, recordó que, en casos de corrupción con grave daño económico al Estado, la legislación restringe la aplicación de medidas menos gravosas.

Finalmente, el juez subrayó la gravedad del daño económico, que de manera provisional fue estimado en miles de millones de bolivianos, y sostuvo que el principio de proporcionalidad justifica la medida extrema de detención. “Se trata de delitos que afectan directamente al patrimonio del Estado y a recursos destinados a sectores vulnerables”, concluyó.

Con esta decisión, el expresidente deberá cumplir cinco meses de detención preventiva en el penal de San Pedro, mientras avanzan las investigaciones por el caso Fondo Indígena, un proceso que vuelve a colocar en el centro del debate judicial y político a las más altas exautoridades del país.