La Corte Suprema de Justicia anunció en las últimas horas que estará a cargo de administrar y subastar los bienes decomisados a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La decisión surge a partir de una resolución del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), que dispuso avanzar con el decomiso tras quedar firme —en junio pasado— la sentencia dictada en diciembre de 2022 por la causa conocida como Vialidad.

El tribunal ordenó la ejecución del decomiso debido al incumplimiento de los condenados, entre ellos la ex mandataria, quien cumple una pena de seis años de prisión domiciliaria.

El listado incluye un total 122 bienes inmuebles, identificados por el Ministerio Público Fiscal como instrumentos, productos del delito o activos incorporados durante los años en que —según la condena— se cometió la maniobra fraudulenta, entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.

¿Por qué se decomisan estos bienes?

El decomiso, previsto por el Código Penal, se aplica cuando se demuestra que un bien fue utilizado para cometer un delito o adquirido con fondos provenientes de él. En la causa Vialidad, el tribunal concluyó que existió una administración fraudulenta de la obra pública en favor del empresario Lázaro Báez, lo que habría permitido el enriquecimiento injustificado de su estructura empresarial y la adquisición de numerosos activos. Parte de esos bienes —y otros vinculados a la expresidenta y sus hijos— fueron considerados producto o derivación de esas irregularidades.

Qué bienes serán subastados

El conjunto de propiedades incluye hoteles, terrenos, departamentos y establecimientos ubicados en Santa Cruz, Buenos Aires y CABA, además de activos pertenecientes a empresas del grupo Báez, como Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto. También figura un inmueble registrado a nombre de Cristina Kirchner y bienes cedidos a Máximo y Florencia Kirchner.

El monto inicial fijado para el decomiso era de $84.835 millones, pero peritos contadores actualizaron la cifra a $684.990 millones, en base a criterios técnicos que la Corte Suprema ratificó, según publica NA.

Con el proceso firme, el TOF 2 ordenó avanzar con la venta de los bienes y delegó en la Corte Suprema la administración del procedimiento, que incluirá tasaciones, subastas y la disposición final de los fondos obtenidos.