El motivo de la presente es darle a conocer una perspectiva general de la justicia en Bolivia en mi calidad de Comisionado de Derechos Humanos y víctima sometida por el sistema, lo hago en vísperas de la cumbre que se llevará los siguientes días en Sucre. Considero que para realizar una reforma profunda es necesario entender los problemas estructurales y sociales actuales.

Los gobiernos pasados tuvieron la tradición de montar casos con intención política, me refiero desde el caso terrorismo y Hotel Las Américas, el supuesto golpe de estado de 2019 para desvincular el fraude electoral del expresidente Evo Morales ayma, hasta el supuesto golpe de Estado fallido de 2024.

La gobernanza política sobre la justicia en estos casos generan más problemas al Estado boliviano. La masacre del hotel las Américas llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el fallo contrario al país determinó una reparación millonaria, tanto para las víctimas de ejecución extrajudicial como para los presos políticos que guardaron 11 años de reclusión. La anterior administración del país decidió incumplir la sanción reparadora y por esa acción, ahora Bolivia debe presentarse ante la Corte Penal Internacional, con mayor erogación de gasto y mayor perjuicio para las víctimas.

En el caso de 2019, los compromisos de la auditoría electoral vinculante de la OEA fueron desconocidos y se privilegió la falsa narrativa de un golpe de estado que encarceló a la expresidenta Jeanine Añez, a miembros de su gabinete y se envió al exilio a centenares de autoridades del gobierno de transición.

Se encarceló a miembros de la “Resistencia Juvenil Cochala” y con especial ensañamiento contra Mario "Tonchi" Bascopé, armando un burdo e infundado caso de narcotráfico para generar una condena inicial.

La persecución de la anterior administración del país alcanzó al cívico Marco Pumari, al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a cívicos provinciales y activistas. Pero esto no queda ahí, se persiguió judicialmente a líderes de oposición y ciudadanos de a pie, como es el caso de Mauricio Bruzzone, que está detenido más de 3 años por participar como escudero en una marcha de médicos en la ciudad de La Paz.

Todos estos casos vinieron acompañados de detenciones indebidas, faltas y vulneraciones al debido proceso y garantías constitucionales, uso y abuso del poder de las carteras de estado como querellantes que generaron presión y disposición de autoridades judiciales para vulnerar derechos.

Existen casos con sentencia de gente en el exilio que fueron juzgadas en rebeldía, vulnerando nuevamente el debido proceso, y atropellando burdamente los derechos y garantías constitucionales vigentes y violando normas básicas del derecho internacional.

La reversión de las sentencias y los casos de 2019 trae nuevamente al país una agenda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el cumplimiento del informe y recomendaciones del GIEI. Este punto es de vital importancia para desnudar la manipulación política dentro del sistema de justicia donde se buscaron culpables y responsables además de procesar discrecionalmente a autoridades, políticos y civiles sin importar la responsabilidad ante la instancia jurisdiccional superior en la región. El resultado fue encarcelar inocentes y liberar culpables.

Esto obliga a Bolivia a adoptar acciones responsables para la investigación de la verdad, la justicia y la reparación, mismas que deben ser informadas nuevamente a la CIDH para cumplir con la Carta Democrática Interamericana.

El problema de la Justicia también alcanzó a los intereses de toma de tierras, avasallamientos e incendios, donde la acción indecorosa de fiscales para recibir denuncias, o de la misma policía bajo supuestas órdenes de no admitirlas fueron cómplices de un sistema criminal preestablecido. Cabe resaltar la negligencia y complicidad en muchos casos de la ABT y el INRA con la titulación ilegal de predios privados a favor de comunidades "fantasma".

Las falencias en el sistema de justicia también tienen origen en la acción fiscal e investigativa, que en todos estos años fueron y son quienes tienen la primera opción de detener y encarcelar impunemente a ciudadanos que no lo merecen. La reforma de justicia no es únicamente ante juzgados, cuando es fundamental la acción ética e idónea de fiscales y también de policías. El uso indiscriminado de la detención preventiva, acusaciones líricas, llenas de adjetivos más allá de la verdad objetiva y el uso excesivo en tiempo de la medida se constituyen e sentencia previa. Hoy los penales del país están atiborrados de detenidos preventivos con una media de 5 a 10 años sin inicio de juicio.

Casos como el de violencia doméstica del hijo del expresidente Luis Arce, donde se permitió que se presentara voluntariamente ante una orden de aprehensión, cuando la denunciante presentaba 12 días de impedimento únicamente se estableció una terapia psicológica de 5 meses para el imputado. La desproporción en relación a cualquier ciudadano común es evidente, ante cualquier delito tipificado en la ley 348 la regla aplicada es la detención preventiva y luego viene la investigación. El privilegio del uso de la justicia es evidente, más aún cuando el más del 70% de la población carcelaria nacional es por este tipo de casos. La realidad es que separaron la sociedad boliviana en ciudadanos de primera y de segunda, de los que tienen derechos extraordinarios de aquellos que no tienen ningún derecho y garantía. Soy testigo del deterioro económico que sufren los privados de libertad al grado que no pueden pagar la presentación de un memorial, menos cancelar copias de sus procesos. La disparidad entre fiscales que tienen los recursos (y mando sobre investigadores) en relación a las defensas públicas, plagadas de jóvenes sin experiencia y otros sin compromiso con sus defendidos... es enorme.

Se tiene documentado también el desgaste económico deliberado en presos políticos militares y policías, con sueldos, aportes, viviendas y seguros anulados fuera de la normativa vigente, alcanzando estos mecanismos de tortura a los entornos familiares.

El sometimiento a procesos abreviados por amenaza, tortura psicológica y la imposibilidad de defensa en igualdad de partes también fueron instrumento de legitimación de juicios infundados, desde los casos de 2019 (todos anulados) al presente.

Fuera del ámbito político, ésta práctica es común en las jornadas de descongestionamiento carcelario. ¿Cuál es la oferta? Declararse culpable a cambio de penas menores... ilegal y atentatorio a la verdad y al derecho. Miles de bolivianos son sometidos a esta otra forma de tortura.

La judicialización de la oposición política fue otra constante. El inventario de procesos de líderes políticos, cívicos, activistas y autoridades puede denotar la escala de la persecución ejercida durante este quinquenio.

Lo que se logró documentar, Bolivia tiene cientos de presos y perseguidos políticos y varios miles de exiliados durante los 20 años pasados.
Con este pequeño resumen de la tragedia nacional, que si me permitiera desglosar tomaría semanas de documentos, sólo puedo solicitarle considere como importante el tratamiento y la aprobación de la ley de repetición para que precisamente la justicia no sea nuevamente utilizada como un arma de represión, tortura y sometimiento. No podemos repetir la historia ni permitir que estos ejercicios se mantengan impunes.
El daño económico proyectado no solamente alcanza a los componentes de reparación a las víctimas, el daño económico también se hace efectivo en conflictos comerciales internacionales y arbitrajes perdidos para el Estado boliviano que reportan más de 1100 millones de dólares en compensaciones que Bolivia pagó o debe pagar de lo que se conoce. El país no puede sangrar más por la irresponsabilidad de sus autoridades.

Con gratitud por tomar atención a esta nota, lo saludo deseándole el mayor de los éxitos, porque sus victorias serán victorias de Bolivia y de los bolivianos.

Atentamente,

Ing. Fernando Hamdan
Presidente del Consejo Nacional en Derechos Humanos
CIDHPDA - Bolivia
Preso Político 300