La fiscal Sandra Gutiérrez confirmó que después de valorar las pruebas y los informes incluidos en el cuaderno de investigaciones, se decidió formalizar la acusación contra el exmandatario. Además, este fue su último acto, pues ahora Gutiérrez confirmó que ha sido destituida del cargo.

Al expresidente Evo Morales Ayma se le iniciará un juicio penal por el presunto delito de trata de personas agravado en una acusación presentada por la Fiscalía Departamental de Tarija. Sandra Gutiérrez, hasta hoy martes máxima representante del Ministerio Público de Tarija, puesto que hace poco ha sido cesada del cargo.

Sandra Gutiérrez confirmó este martes que después de valorar las pruebas y los informes incluidos en el cuaderno de investigaciones se decidió formalizar la acusación al exmandatario.

Según Gutiérrez, los 18 cuerpos de investigación fueron remitidos a un juez del Tribunal Departamental de Justicia para que derive al Tribunal correspondiente

"Allí se debe fijar fecha y hora de inicio del juicio penal contra Evo Morales y contra la señora Idelsa Pozo Saavedra, por la trata y tráfico de personas agravado, como establece el procedimiento penal", declaró.

Según Gutiérrez, en los 18 cuerpos del cuaderno de investigación existen bastantes pruebas testificales e informes que se han obtenido de diferentes instituciones, en el marco de las indagaciones iniciada a mediados del 2024.

Gutiérrez fue destituida

La fiscal confirmó a los periodistas que: "Me llegó mi memorándum de agradecimiento de servicio, estamos entregando el despacho. Lo firmé el memorándum a las 9.36 horas", afirmó este martes, aunque también expresó que no cree que esa acusación formal contra Morales haya sido la causa de su destitución. Pero también pidió: "Espero que ustedes, como medios de comunicación, hagan el seguimiento a este caso, esperemos que no se caiga como otros".

La acusación formal contra Evo Morales y contra la madre de la supuesta víctima se divulgó en medio del cambio de Gobierno en Bolivia tras la segunda vuelta de las elecciones generales.

A esto se suma el hecho de que la acusada Idelsa Pozo tiene estatus de refugiada otorgado por la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) de Argentina en agosto pasado.

La hija de Idelsa, Cindi Sarai, y la nieta (hija de Cindi), también obtuvieron el refugio diplomático en el país vecino.